Se reúne la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias a la que asisten la Administración y por la parte social CCOO – UGT – CSIF y CIG, con el siguiente orden del día:

• Estudio de los protocolos de actuación para los supuestos de embarazo y adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud laboral.
• Estudio del procedimiento a seguir en los supuestos de conducta de acoso y violencia en materia laboral.
• Memoria 2009.
• Vigilancia a la Salud.
• Plan de actuación en materia de adiciones en el medio laboral.
• Evaluación de factores psico-sociales.

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Se aprueban el Protocolo donde se regula el procedimiento para la protección de la maternidad en caso de riesgo, así como el Protocolo para la adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud laboral. Ambos protocolos saldrán para el mes de Julio una vez que sean firmados.

Desde CCOO exigimos que ambos protocolos se adapten rigurosamente a lo establecido en la LPRL (Ley de prevención de riesgos laborales), así como a lo regulado en el III Convenio en lo referente al personal laboral. Se trata de aspectos lo suficientemente relevantes que requieren de una adecuada definición, de acuerdo a lo establecido en la normativa de salud laboral y en los que por lo tanto no cabe ni la improvisación ni la experimentación.

Respecto al tercer procedimiento que formaba parte del orden del día: el procedimiento que regula las conductas de acoso y violencia en el medio laboral, el borrador que nos presentó la SGIP resulta completamente inasumible para CCOO.

La SGIP pretende que los casos de acoso y violencia en el medio laboral, sean instruidos y resueltos exclusivamente por un órgano técnico como el Servicio de Prevención Propio, sin la participación de la parte social. Esto resulta a todas luces inadmisible. No dudamos de la capacidad de los servicios de prevención propios, lo que si ponemos en tela de juicio en su imparcialidad y su independencia respecto a las directrices de la Dirección General de Gestión de Recursos. La Administración se compromete a presentar un nuevo borrador para acercar posturas.

A continuación el representante de MGO, pasa a explicarnos la Vigilancia a la Salud que se va a llevar a cabo en los diferentes territorios desde principios de Septiembre.

Dos son las proposiciones que desde CCOO elevamos:

1. La exigencia legal de que la Vigilancia a la Salud este relacionada con los riesgos inherentes a nuestra profesión, cuestión que ha quedado sin resolver y que convierte nuestra Vigilancia a la Salud, en un simple chequeo que no difiere en ningún aspecto del que nos ofrece nuestra compañía de MUFACE.
2. La necesidad de mejorar los cauces de comunicación entre el servicio MGO y los trabajadores y trabajadoras penitenciarios, así como la necesidad de flexibilizar los mecanismos para realizar el reconocimiento médico, con el único objetivo de que puedan acudir un mayor número de trabajadores y trabajadoras.
   

Siguiendo el orden del día, la Administración nos informa de que se van a empezar a realizar las evaluaciones de factores psico-sociales, en los diferentes Centros, comenzando por el CP de Granada, en el que tiene un requerimiento de la Inspección de Trabajo, debido a la denuncia que elevó CCOO en dicho Centro. Queda pendiente de concretar el método que se utilizara, que será uno de los homologados, probablemente el del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.

Desde CCOO hemos defendido reiteradamente la necesidad de una evaluación psico-social de los riesgos laborales. Gracias al impulso de CCOO se han realizado varias evaluaciones en los Centros Penitenciarios de Granada, Malaga y Villabona. En todos los casos los resultados reflejaron la intensidad con la que las diferentes variables de riesgos psico-sociales afectan a nuestro Trabajo.

Aunque entendemos como positivo este cambio de actitud de la SGIP, no podemos dejar de señalar, que la Administración solo ha abordado esta parte de los riesgos psico-sociales, una vez que CCOO denuncio la falta de evaluaciones a la Inspección de Trabajo. Una vez más la Administración demuestra su falta de interés por la salud laboral de los empleados y empleadas públicos penitenciarios; y sólo actúa cuando los Organismos de protección de los trabajadores se lo exige.

Por último la Administración nos plantea la necesidad de acometer un plan de actuación de materia de adicciones, trasladando el estudio de dicho plan para próximas reuniones.

La postura de CCOO es contundente en este sentido, no vamos a permitir que se utilicen planes en materia de adicciones para criminalizar o fiscalizar a los empleados públicos penitenciarios.

CCOO ya ha dejado claro, en diferentes reuniones, su postura respecto a los planes de actuación en materia de adiciones. Dichos planes han de abordar el problema de las adiciones desde un punto de vista de la salud, han de tener un carácter integrador donde se estudien las causas, se valore la relación entre los riesgos psicosociales y las patologías laborales. En definitiva abordar la problemática desde todas sus vertientes y no dejarse llevar por el aspecto meramente punitivo.

En cualquier caso toda actuación en materia de adicciones ha de guiarse por los siguientes principios : Información, prevención, tratamiento y readaptación del trabajador.

CCOO elevó en su momento un Plan de actuación en materia de adicciones, inspirado en los planes de RENFE y que viene a recoger todos los principios a los que hemos hecho mención.