El sindicato califica de imprudente y peligroso azuzar el fantasma de la xenofobia y el racismo con fines claramente políticos y electoralistas, porque lo que se pone en juego con estos actos es la cohesión social y la calidad democrática de nuestra sociedad.

La Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO ante el debate artificioso generado en torno a la figura del padrón municipal considera oportuno aclarar que:

• El empadronamiento es un derecho y un deber de todo vecino. Es una obligación del Ayuntamiento correspondiente proceder al empadronamiento de todas las personas que viven o habitan en su término municipal, sean éstas españolas o extranjeras, independientemente de la situación personal o jurídica.

• El padrón municipal es un registro municipal de vecinos con finalidad estadística para adecuar y dimensionar adecuadamente los correspondientes servicios de carácter público o dotaciones e infraestructuras municipales necesarios.
• El marco legal vigente exige para el hecho del empadronamiento acreditar dos únicos requisitos: la identidad, mediante el DNI para los españoles y el pasaporte para los extranjeros, y el domicilio en el término municipal (contrato de alquiler, contrato de arrendamiento, autorización del titular de la vivienda, domiciliación de recibos, etc.)
• No es competencia municipal comunicar la situación jurídica de ninguno de sus vecinos. Y la actual Ley de Extranjería lo único que prevé a estos efectos es la posibilidad de establecer sanciones por falsear los datos de empadronamiento, estableciendo la obligación de comunicar dicho hecho a las autoridades competentes. Asimismo, también se sanciona el hecho de permitir empadronamientos ficticios.
• Las autoridades competentes pueden acceder a los datos de empadronamiento de las personas extranjeras a través del Instituto Nacional de Estadística.
  

CCOO califica de falso el debate abierto sobre el padrón de extranjeros dado que es una cuestión total y absolutamente zanjada por el marco jurídico vigente desde 1985 y de manera concreta y específica con la Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de 21 de julio de 1997 y que la inmensa mayoría de extranjeros que se hallan en España están de manera regularizada, viviendo y trabajando en nuestro país, y padecen los mismos problemas que el resto de la población, desempleo, precariedad laboral, dificultad en el acceso a la vivienda, etc.